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El Supremo condena la cesión ilegal de empleados de Vaersa a Agricultura

miércoles, 19 de septiembre de 2012 Dejar un comentario Ir a comentarios

Levante-EMV. 18/09/2012
Una ingeniero técnico agrícola contratada por la firma realizaba tareas de funcionaria sin serlo

LAURA BALLESTER VALENCIA
El Tribunal Supremo ha anulado el despido de una trabajadora de Vaersa (Valenciana de Aprovechamientos Energéticos y Residuos, S. A.) que fue cedida “ilegalmente” desde la empresa pública a la Conselleria de Agricultura para realizar labores propias de funcionaria. Así lo recoge una sentencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo hecha pública ayer por el sindicato CC OO en Vaersa. La sentencia obliga a la Generalitat a pagar a la trabajadora los salarios que no ha cobrado desde 2009 “como si hubiera estado trabajando todo este tiempo (unos 70.000 euros)” y debe ser readmitida donde decida, en Vaersa o en la plantilla de la Conselleria de Agricultura. CC OO advierte que en esta misma situación hay un buen número de trabajadores de los parques naturales, contratados por Vaersa pero trabajando para la Conselleria de Medio Ambiente”.

La sentencia se conoce con un expediente de regulación de empleo (ERE) a la vuelta de la esquina y en el que la Conselleria de Medio Ambiente (de quien depende Vaersa) pretende despedir a 350 trabajadores de los 1.200-1.500 que emplea Vaersa, según la época del año. A la vista del fallo judicial, CC OO vaticina que Vaersa “va a encontrarse con un elevado número de demandas ante el despido colectivo que ha anunciado para fechas próximas por la mala gestión de personal que puede multiplicar por diez los costes de las indemnizaciones”.

La sentencia del Supremo confirma, como hizo el juzgado de lo social número 5 de Alicante, que “se ha producido una cesión ilegal de la trabajadora [que fue despedida] desde la empresa Vaersa a la Conselleria de Agricultura”. El alto tribunal considera probado que “la actividad de la trabajadora se producía desde el punto de vista formal para Vaersa, de la que percibía el salario y le concedía las vacaciones, pero en realidad todas las funciones que llevaba a cabo eran dirigidas, orientadas, examinadas y aprobadas finalmente por la Administración [la Conselleria de Agricultura], que realmente era la destinataria de su actividad profesional”. La trabajadora fue contratada por Vaersa como ingeniero técnico agrícola para controlar plantaciones de viñedo ilegal y colaborar en la aplicación de la política agraria comunitaria (PAC), aunque “acabó realizando idénticas tareas que los ingenieros técnicos agrícolas funcionarios de la conselleria” como “tramitación de expedientes y alegaciones, recursos de alzada, inspecciones, comprobaciones, atención al público sobre dudas del pago único o recursos de reposición, fuera del objeto contratado por la conselleria con la empresa Vaersa”.

En la decisión del Supremo han influido las actas de una inspección de Trabajo realizada en 2009 en la sede de la Conselleria de Agricultura en Alicante, en la que se comprobó que “prestaban servicios personal de Tragsatec, Tragsa y Vaersa” y que la trabajadora despedida “desarrollaba los mismos trabajos que los funcionarios”.

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